“El país registró una violación cada seis minutos, según los registros policiales”, señaló en su reporte anual el Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización no gubernamental que trabaja sobre la base de datos oficiales.
Las cifras revelan un panorama que es desolador para la mujer brasileña, pese a los esfuerzos del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por impulsar políticas de igualdad, paralizadas durante la gestión de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022.
En 2023, primer año de mandato de Lula, subieron los feminicidios un 0,8 % con relación al año anterior, hasta las 1.467 mujeres muertas por razones de género en Brasil.
Cifra más alta en Brasil contras las mujeres
Esa es la cifra más alta desde que se tipificó como tal el crimen de feminicidio, en 2015. Ocho de cada diez autores de en el país fueron el marido, el novio o el exnovio de la víctima.
También subieron en un año las tentativas de feminicidio (7,1 %), las agresiones físicas (9,8 %), el maltrato psicológico (33,8 %), las amenazas (16,5 %), los casos de persecución (34,5 %), las violaciones (6,5 %), el acoso sexual (28,5 %) y la divulgación de imágenes íntimas (47,8 %).
“Por desgracia, un año más, las perspectivas siguen siendo sombrías”, apuntó el Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
El documento señala diversas teorías que podrían estar detrás de ese incremento de todos los indicadores de violencia contra las mujeres.
“Respuesta al avance”
Una de ellas afirma que es una “expresión del poder y control que están profundamente enraizados en las estructuras patriarcales de la sociedad”.
También puede tratarse de un ciclo al alza en el comportamiento abusivo e incluso podría ser “una respuesta a los avances en los derechos de igualdad de género”, lo que estaría generando “una reacción de resistencia para intentar revertir esos progresos”.
“La violencia contra las mujeres se ha naturalizado en la sociedad”, denunció la ONG.
Asimismo, alertó de que los datos expuestos pueden ser inferiores a los reales, pues existe aún “desconfianza hacia las instituciones”, “miedo y culpa” para denunciar y un sinfín de “burocracias” que dificultan el acceso a las medidas de protección disponibles.
